La Policía británica investiga abortos ilegales en 14 hospitales
La Policía británica va a abrir una investigación contra 14 hospitales del sistema de salud del Reino Unido en los que se han detectado indicios de que se perpetran abortos ilegales.
Las pesquisas policiales van a comenzar, a raíz de las inspecciones ordenadas por el Ministerio de Sanidad. Estos controles del Gobierno se produjeron tras la investigación que el diario 'The Telegraph' llevó a cabo el psado mes de marzo sobre la comisión de abortos ilegales perpetrados por razón de sexo. Los primeros resultados de la investigación ordenada por el ministro de Sanidad británico Andrew Lansley. han salpicado a la sanidad pública británica (NHS). La Care Quality Commission (CQC) ha revelado que el personal de 14 hospitales públicos ha falsificado de modo habitual los informes previos que exige la ley del aborto, que exige que, antes del aborto en el supuesto de "grave riesgo para la vida o la salud de la madre", dos médicos especialistas emitan un dictamen donde aseguren que “ambos se han formado la opinión, de buena fe”, de que no conviene continuar el embarazo.
Pero la buena fe no aparece ni por asomo en los informes intervenidos de los 14 hospitales. De ahí que la CQC no haya dudado en calificar de “fraude habitual” la actuación del personal involucrado en los procedimientos de estas instituciones. Y de ahí también que la comisión haya dejado el asunto en manos de la policía.
La investigación policial abierta de urgencia incluye la aceptación de esta práctica ilegal por parte de los médicos, grabados con cámara oculta, bajo pagos de entre 240€ y 760€. Este viernes el diario briánico se hace eco de nuevo de las pesquisas.
Entre las irregularidades detectadas en estas inspecciones, figuran la manipulación de autorizaciones, la firma de certificados por médicos que nunca han visto al paciente, o autorizaciones de interrupciones de embarazo que han sido fotocopiadas para que valgan a distintas pacientes.
La ley de aborto en el Reino Unido, que data de 1967, establece que los médicos practicarán la interrupción del embarazo si creen que la paciente corre riesgo físico o psicológico, además de si el feto presentan problemas que ponen en peligro su vida.
El diario 'The Telegraph' cita algunos casos de supuestas irregularidades. Por ejemplo, en el Hospital Princesa Alejandra en Harlow, Essex, la plantilla empleaba para autorizar los abortos certificados firmados por médicos que no trabajaban en el centro. En el Hospital de Peterborough, los inspectores comprobaron que se permitían abortos antes de que las pacientes fueran atendidas y se hubiera estudiado el caso.
En el Hospital General de Leicester, 14 de los 20 historiales clínicos fueron fotocopiados; lo mismo ocurre en el Royal Victoria Infirmary (Newcastle), donde 13 formularios de 20 recogían siempre la firma fotocopiada del mismo médico. En otro formulario, las dos firmas se habían otorgado 4 y 5 semanas, respectivamente, después de practicarse el aborto.
Para los inspectores, todos estos casos ponen de manifiesto que los abortos se están realizando sin que se escuche a las embarazadas. De modo que difícilmente los médicos podían haber apreciado “de buena fe” si existía o no –como exige la ley británica– el grave riesgo para la vida o la salud de la madre.